RESUMEN

La investigación se basa en fundamentar teórico y doctrinalmente la evolución que ha tenido el debido proceso en Cuba. El objetivo de la investigación trata de identificar los desafíos actuales en la implementación del debido proceso en Cuba desde la perspectiva constitucional en aras de darle solución a dichos conflictos. Los principales resultados obtenidos son de utilidad para las personas encargadas de impartir justicia y poner en práctica en los procesos legales el debido proceso donde predomine la equidad y la igualdad. El trabajo de curso está estructurado en dos capítulos, el primer capítulo dedicado al análisis teórico-conceptual del fenómeno del debido proceso en el ámbito constitucional, desde el análisis de su conceptualización, los principios que lo integran, la evolución histórica que va desde el mundo hasta a ser referencia en Cuba y ver el debido proceso como un derecho fundamental y el segundo se refiere a exploración de la tutela judicial del debido proceso en el ámbito constitucional cubano, el rol de los jueces como garantes de los derechos constitucionales, los desafíos actuales que enfrenta el debido proceso y el papel que tiene la sociedad civil y los medios de comunicación en la protección del debido proceso en Cuba.

Palabras claves: Debido proceso; derechos; tutela. (Tesauro Unesco).

ABSTRACT

The research is based on theoretically and doctrinally substantiating the evolution that due process has had in Cuba. The objective of the research is to identify the current challenges of the implementation of due process in Cuba from the constitutional perspective in order to provide a solution to said conflicts. The main results obtained are useful for people in charge of dispensing justice and putting into practice due process in legal processes where equity and equality predominate. The course work is structured in two chapters, the first chapter dedicated to the theoretical-conceptual analysis of the phenomenon of due process in the constitutional field, from the analysis of is conceptualization, the principles that comprise it, the historical evolution that goes from the world to even be a reference in Cuba and see due process as a fundamental right and the second refers to the exploitation of judicial protection of due process in the Cuban constitutional rights, the current challenges faced by due process and the role that civil society and the media in the protection of due process in Cuba.

KEYWORDS: Due process; rights; protection. (Unesco Thesaurus).

INTRODUCCIÓN

El debido proceso conocido también como debido proceso legal o proceso con todas las garantías, tiene su origen en la antigua Roma, pero no es hasta en el 1215 en Inglaterra que se desarrolla el concepto de debido proceso, con la Carta Magna de Juan Sin Tierra donde se dispuso en la cláusula No. 39:

Ningún hombre libre podrá ser detenido, ni preso, ni desposeído de sus bienes, ni declarado fuera de la ley, ni desterrado, ni perjudicado de cualquier otra forma, ni procederemos ni ordenaremos proceder contra él, sino en virtud de un juicio legal por sus pares o por ley del país. (pp. 171 y 172)

El debido proceso se fue extendiendo a otros países del mundo a través de tratados y constituciones, un ejemplo de esto es Estados Unidos con la incorporación de enmiendas a su constitución que representan avances importantes en la historia del debido proceso al establecer garantías para todos los ciudadanos, se encuentra contenida en ella el sentido de justicia y los principios y supuestos en el Derecho de la Constitución (García, 2003).

El debido proceso se inicia, se desarrolla y se termina haciendo efectivo los principios y las normas constitucionales, legales e internacionales y lo más importante respetándolas, así como los principios generales que informan el Derecho Procesal Penal, teniendo como finalidad alcanzar una justa administración de justicia, provocando como efecto inmediato la protección integral de la seguridad jurídica del ciudadano, reconocida constitucionalmente como un derecho (Sarango, 2008).

En la actualidad se sigue con fuerza el debido proceso, para evitar el daño a las personas y que estas puedan acceder por igual a la justicia, durante los procesos legales van a estar protegidas si se aplica de manera adecuada el debido proceso. Este es un principio legal por el cual el Estado debe respetar todos los derechos legales que establece la ley. Según este todas las personas tienen derecho a ciertas garantías plasmadas en las constituciones y las leyes en casi todos los países del mundo.

Agudelo (2004) expresó en uno de sus escritos al referirse al debido proceso como:

El derecho fundamental que posibilita que el proceso situé a las partes, que buscan protección de sus derechos en una perfecta situación de igualdad, procurando convivencia pacífica en una comunidad que reclama de un sólido acto de juzgar, por medio de un reconocimiento mutuo. (p. 92)

En debido proceso se ha implementado a lo largo de los años en el mundo entero recientemente en nuestro país con la promulgación de la Constitución de la República de Cuba del 2019 donde separa la tutela judicial del debido proceso en dos artículos y regula las garantías de los derechos en un capítulo. Se ve en ella de forma concreta los principios y valores reconocidos mundialmente, regula por donde se debe regir el Estado y la justicia a través de líneas esenciales de control (Mendoza, 2022).

Por la importancia que tiene proteger el debido proceso ante los desafíos que presenta, se propone el siguiente Problema científico: ¿Cuáles son los principales obstáculos que afectan la efectiva implementación del debido proceso en el sistema jurídico cubano desde la perspectiva constitucional? mientras que el objeto de la investigación parte del debido proceso en el ámbito constitucional.

Por lo tanto, el objetivo general de nuestra investigación es: Identificar los desafíos actuales en la implementación del debido proceso en Cuba desde la perspectiva constitucional, con énfasis en las barreras que obstaculizan la aplicación efectiva de las garantías constitucionales.

MÉTODOS

En la investigación se utilizaron métodos teóricos y empíricos. Los métodos teóricos que incluyen el método histórico-lógico empleado para estudiar el desarrollo del fenómeno del debido proceso, para facilitar el conocimiento evolutivo y contextual del tema, este método fue utilizado a lo largo de la investigación en una primera instancia fue empleado fundamentalmente en el análisis del Debido Proceso en cuanto a su progreso histórico lo cual nos permitió la comprensión de hechos jurídicos del presente que tuvieron sus raíces en épocas anteriores. El método abstracto y concreto donde se analiza el debido proceso y su relación con los derechos fundamentales y como se manifiesta en el ámbito constitucional. También se utilizó el método análisis-síntesis que propicio descomponer los elementos del tema para relacionarlos entre sí.

Mientras, que los métodos empíricos utilizados fue el análisis de contenido, mediante el cual se analizaron documentos revisados de diferentes artículos de Internet, libros de textos de varios autores nacionales e internacionales, así como documentos jurídicos de manera objetiva y coherente, demostrando los diversos criterios que existen en la temática investigada.

Para poder llevar a cabo nuestra investigación nos enfocamos en los siguientes aspectos

1. Fundamentar los principios teóricos y conceptuales del debido proceso en el marco jurídico cubano, abordando su definición, alcance y principios fundamentales.

2. Valorar los factores institucionales y jurídicos que afectan la tutela judicial efectiva del debido proceso en el ámbito constitucional cubano

RESULTADOS

Los inicios del debido proceso se remontan a la Antigua Roma, pero su concepto no se desarrolla hasta el 1215 en Inglaterra, con la creación de la Carta Magna de Juan sin Tierra, estableciendo la necesidad del debido proceso (García, 2003). En Latinoamérica no se ve nada acerca del debido proceso hasta la promulgación de la Constitución de Cádiz de 1812 siendo la primera constitución política de Hispanoamérica implementado el debido proceso judicial como garantía.

Cuba por su pasado colonial resultó privilegiada en materia de procedimiento penal, pues el liberalismo burgués aún con las peculiaridades de la metrópolis española permitió que por el siglo XIX se accediera a una ley de procedimiento penal la cuál fue novedosa para su tiempo, por el tema del juicio oral, esto coloco a la isla en una ventajosa posición.

En la actualidad el debido proceso está presente en la mayoría de los países del mundo con una gran fuerza por el peso que tiene para la sociedad. El Debido Proceso puede ser definido como “el conjunto de garantías que protegen al ciudadano sometido a cualquier proceso, que le aseguran a lo largo mismo, una recta y cumplida administración de justicia, la libertad y la seguridad jurídica, la racionalidad y fundamentación de las resoluciones judiciales”.

El debido proceso y los derechos humanos tienen una correlación entre ellos garantizando el respeto durante todos los procesos a la dignidad humana y las libertades que tienen sin dejar sin efecto los límites establecidos por las leyes. Por tanto, el debido proceso es un derecho aplicable en todas las actuaciones judiciales, basado en el principio de igualdad ante la ley. En esencia le da una especial protección a los derechos y libertades individuales garantizando que ninguna persona sea sometida a ningún trato indigno, inhumano o degradante, como puede ser detenciones arbitrarias, torturas o cualquier forma donde se violen sus derechos.

La tutela judicial efectiva se entiende desde el derecho procesal como la actividad de los órganos judiciales de proteger los derechos e intereses subjetivos regulados por el ordenamiento jurídico, cuando se pongan de manifiesto situaciones de conflictos por lo que se vean afectados sus derechos (Carrasco, 2020). También podemos ver a la tutela como el derecho que tienen las personas de recibir una respuesta efectiva y pronta ante los tribunales competentes para la protección de sus derechos e intereses de los mismos.

El debido proceso y la tutela judicial efectiva llegaron juntos a las legislaciones americanas con el artículo 24 de Constitución española de 1978, donde los une en el mismo artículo, dando lugar a que en todos los países que siguieran este modelo, fueran mezclando ambas categorías. En los diferentes países del mundo se encuentra reconocida y garantizada en las constituciones.

La tutela judicial efectiva se puede ver a través de dos maneras adjetiva y sustantiva, la adjetiva tiene que ver los derechos e intereses pueden ser de cualquier rama tanto civiles, laborales entre otros, por otra parte, la sustantiva que la define como derecho fundamental autónomo que le da la oportunidad a las personas de acceder a los procesos para la solución de conflictos. Por esta razón la tutela son las acciones que permiten llegar a hasta el fondo de los conflictos para buscar la mejor respuesta siempre respetando los intereses y los derechos (García & Contreras, 2013).

La relación que tiene la tutela judicial efectiva y el debido proceso es de género y especie siendo la tutela el género y el debido proceso la especie por lo que es un derecho de vital importancia dentro de ella. La tutela judicial efectiva es un derecho de mayor alcance el cual esta antes del proceso y se mantiene durante el proceso, mientras que el debido proceso prevalece durante el proceso como garantía de que las personas sean tratadas de manera justa y equitativa (Lledó et al, 2020).

La tutela judicial efectiva es un derecho amplio que abarca todo el ámbito del proceso, que garantiza el carácter universal de la justicia y como institución jurídica comprende una serie de derechos. Los elementos que la integran son el acceso a la justicia, el derecho a obtener una sentencia motivada, con los fundamentos de derecho y razonable, el derecho de recurrir ante una instancia superior en caso de no estar de acuerdo con la sentencia dictada y el derecho a que una vez firme la sentencia se cumpla y sea efectiva (Vera, 2021).

El acceso a la justicia como elemento esencial de la tutela judicial efectiva, es el derecho que tiene toda persona de acudir a los tribunales y otros mecanismos judiciales para resolver sus disputas legales y hacer valer sus derechos e intereses. Por esta razón, se debe obtener una sentencia motivada siendo el segundo elemento por el cual la persona tiene derecho a que se dicte en su proceso una sentencia basada en las leyes, en estas deben estar explicadas de manera clara y coherente los fundamentos de derecho para que las personas puedan entender porque se llegó a esa decisión.

Además, el elemento de recurrir a otra instancia no es más que el derecho que tienen las personas de una revisión completa del caso por una instancia superior para buscar una resolución justa de los casos. Y finalmente la ejecución de la sentencia que es donde se procede a ejecutar todo lo dictado por la misma, con la función principal de garantizar la efectividad de los derechos reconocidos en la decisión judicial.

La tutela abarca otras garantías constitucionales, no se puede dejar de mencionar el Hábeas Corpus que es un procedimiento para tutelar el derecho a la libertad personal contra detenciones arbitrarias, esta garantía requiere que se tramite por un órgano judicial, dando lugar a que el tribunal tiene la obligación de respetar tal garantía. Así como, el acceso a los tribunales por personas que se les vulneren sus derechos consagrados en la Constitución y que obtengan la consecuente reparación o indemnización en correspondencia con lo establecido en la ley, siendo tutelados dichos derechos de manera privilegiada (Lledó et al, 2020).

Es necesario la presencia de un órgano imparcial que se encargue de tomar las decisiones de las situaciones que se presenten ante él, por lo cual es una vía para asegurar los intereses de las partes. Son muchos los conflictos donde se vulneran los derechos constitucionales los cuales son tramitados por los tribunales de justicia que tienen como función garantizar que los derechos y libertades consagradas en la Constitución de la República de Cuba del 2019 sean respetados y protegidos en la práctica.

En el desarrollo de la función judicial debe prevalecer ciertos derechos como la libertad, la equidad, la igualdad, la solidaridad, el bienestar, la justicia social y la prosperidad individual y colectiva, su actuación debe estar en correspondencia con la debida transparencia (Pérez, 2022). Entre las funciones de los tribunales se encuentra proteger los derechos fundamentales de las personas reconocidos en la Constitución. También resuelven conflictos entre partes, escuchando ambas partes y valorando las pruebas que se presenten para la toma de decisiones. Los tribunales se encargan de asegurar la tutela judicial efectiva garantizando el acceso a la justicia, el derecho a que se proceda de manera justa y transparente.

Los jueces en Cuba tienen un papel fundamental como garantes de los derechos constitucionales de las personas. Su función principal es aplicar la ley de manera imparcial y justa, son garantes de los derechos constitucionales. Por lo tanto, deben hacer un análisis de los casos y asegurar que las decisiones estén en concordancia con lo establecido en las leyes, también en el control de la constitucionalidad, los jueces tienen la obligación de realizar dicho control. La función de impartir justicia de los jueces puede poner en práctica el principio de progresividad, el desarrollo de los derechos y con esto el respeto a la dignidad humana. Además de potenciar la igualdad a favor de los derechos de las personas, siendo responsables de los errores judiciales que se cometan y la demora en los procesos (Ley No.140 de los tribunales de justicia, 2021).

La Asamblea Nacional del Poder Popular es la que puede declarar la inconstitucionalidad, que se determina en los casos que se comprueba que una norma no es válida por lo que existe otra norma de grado superior e incompatible con la anterior, pero el juez va a tutelar el control indirecto de la validez de las leyes y hacer sonar la alarma en caso de alguna norma carezca de legitimidad (Pérez, 2022).

La imparcialidad constituye una garantía procesal reconocida en varios instrumentos jurídicos internacionales, el cual se rige por principios éticos y reglas procesales que son los mismos para todos los jueces tanto es la esfera ordinaria como la militar.

El sistema legal cubano busca proteger y garantizar el debido proceso siendo un principio fundamental en él mismo, aunque presentan obstáculos y barreras que pueden dificultar su aplicación efectiva. El debido proceso está compuesto por derechos fundamentales durante todos los procesos, los cuales en ocasión son privados, lo que no permite el buen proceder en los casos.

La libertad como derecho constitucional puede ser objeto de limitación, los cuales tienen que especificarse los casos en que proceda y la manera en que se deba ejecutar. Este derecho está regulado en la Constitución en el artículo 95 que dice que las personas no se les puede privar de la libertad sin que sea por autoridades competente y por el tiempo establecidos en las leyes (Constitución de la República de Cuba, 2019).

La privación de libertad es uno de los mayores retos para el debido proceso en la sociedad cubana y la del mundo, cuando una persona es privada de su libertad, se limitan sus derechos y el derecho a participar en su proceso judicial de forma justa. Un ejemplo de cómo se puede privar de ese derecho es con las detenciones arbitrarias. También se puede ver dentro de la privación de libertad, la privación anticipada de libertad, que no es más que la limitación temporal de este derecho sin que se haya decidido en una sentencia por un juez, siendo un reto de la presunción de inocencia al limitarle la libertad a una persona que no se ha decidido si es culpable o no. Esto solo se puede hacer con las formalidades y los procedimientos establecidos en la ley cuando los procesos lo requieran y esto se denomina legalidad de la privación de libertad (Mendoza & Goite, 2019).

Otro reto del debido proceso es la aplicación de la prisión por el tiempo legalmente establecido. La prisión como medida cautelar tiene que estar muy justificada por los supuestos que establece la ley que pueden ser detenidos por sospechas muy fundamentadas o un alto grado de posibilidades de que el imputado sea culpable, con pruebas suficientes, porque exista un peligro procesal esto implica que el acusado pueda poner en peligro el proceso o haya posibilidades de fuga de la persona (Medina & Yzquierdo, 2022).

La falta de acceso a la representación legal es un reto en el debido proceso, las personas tienen derecho a recibir asistencia jurídica desde el inicio de los procesos, desde el momento justo en que la persona sepa de que existen actos de indagación en contra de él y no cuando se realice una imputación formal (Montero et al, 2013). Este derecho se puede ver limitado representado una negativa para la persona a la hora de defender sus derechos. La asistencia letrada le permite a la persona recibir asesoramiento legal desde el inicio del proceso para una mayor claridad de lo que se imputa contra él, presentar pruebas a su defensa o debatir acerca de si en su detención está presente la legalidad.

Además, la limitación del acceso a la información es otro desafío del debido proceso, se le debe ofrecer a la persona acusada información desde el inicio del proceso. La primera información la deben recibir de los órganos que desarrollan la investigación es donde el investigador informa a la persona de que se le acusa, así como las circunstancias que lo acompaña. En ese primer momento es cuando el acusado puede ejercer su derecho a la defensa material. Las normas ordinarias procesales deben garantizar que la información que se le brinde a la persona cumpla su objetivo (Mendoza & Goite, 2019).

La falta de acceso a la información dificulta la capacidad de las personas de comprender los cargos en su contra y la preparación de una adecuada defensa. Sin el acceso a la información no se puede cumplir con el principio de legalidad ni con otros derechos que deben estar presentes en el debido proceso. Para garantizar un proceso justo y equitativo es necesario que los individuos tengan el acceso completo y correspondiente con el caso la información relevante.

El acusado es la persona que presuntamente cometió un acto delictivo y no se le puede acusar hasta que un juez en sentencia no declare su culpabilidad. Estos individuos tienen derechos y garantías durante los procesos, los cuales son: recibir durante todo el proceso un trato humano y digno, recibir visitas de sus familiares o personas allegadas, ser representado por uno o más defensores, ser informado de los cargos en su contra, derecho a un juicio justo, tener comunicación en cualquier parte del proceso con su defensor, derecho a presentar pruebas y a pedir que se excluyan las pruebas que hayan sido obtenidas violando lo establecido en la ley (Ley 143 del Proceso Penal, 2021).

Otros de los derechos que tienes los acusados durante los procesos es el derecho a guardar silencio y no auto incriminarse, por lo que nadie puede ser obligado a declarar en contra de sí mismo y si la persona guarda silencio no puede ser usado en contra de ella, esto demuestra que no se necesita la declaración propia del acusado para demostrar si es culpable o no. Además, ninguna persona puede ser juzgado por el mismo delito dos veces, evita que la persona no tenga que enfrentar el proceso nuevamente por los mismos hechos cuando ya hay una sentencia con una decisión judicial. La limitación en la protección de los derechos de los acusados es otro reto que enfrenta Cuba en el debido proceso a lo largo de los años y en la actualidad, sin la protección adecuada las personas pueden enfrentar decisiones judiciales arbitrarias o injustas.

La dilatación en los procesos judiciales es un desafío que enfrenta el debido proceso en la actualidad desde que inicia el proceso hasta todo su paso por los trámites del tribunal como pueden ser el emplazamiento para el juicio oral para después notificar la sentencia y que todo se establezca en los términos que establece la ley. La autora Batlle (2009) expresa sobre la dilatación en los procesos “existe cuando se ha superado el término judicial o legal para el desarrollo de la actividad en cuestión, o cuando, no habiendo término, se ha sobrepasado el plazo razonable necesario para arribar a los fines de la etapa procesal” (p. 82).

Por tanto, las dilataciones en los procesos y los plazos razonables van a afectar el derecho al acusado a que su causa sea tratada y resuelta a tiempo, por lo que la persona sufre cambios con el pasar del tiempo y las circunstancias en relación a su familia, cuestiones personales entre otras también pueden ocurrir modificaciones para cuando la sentencia sea dictada.

Los procedimientos legales opacos constituyen un desafío en el debido proceso siendo un desafío abarcador porque abarca otros ya mencionados anteriormente por lo que tiene una importante fuerza negativa dentro de los procesos. La falta de transparencia en los procedimientos legales puede conducir a un proceso injusto y a decisiones basadas en otras motivaciones, en lugar de la justicia y el estado de derecho. Siendo una preocupación de la sociedad por esta razón la justicia debe ser transparente en todos sus ámbitos.

También se puede ver que el acceso de los ciudadanos a la justicia enfrenta dificultades porque el ciudadano común no comprende las leyes o los actuares de la justicia igual que una persona estudiada del derecho, son muchos los términos de difícil comprensión por lo que muchas veces dentro de los procesos no entienden con claridad lo que sucede.

Estos desafíos marcan la importancia de establecer y cumplir con las leyes donde se expresa la protección a los derechos individuales y que promueven la igualdad. La implementación efectiva del debido proceso requiere un compromiso sólido con la protección de los derechos humanos, la independencia judicial y la transparencia en el sistema legal cubano. El objetivo es trabajar constantemente en superar dichos desafíos para asegurar que todos los individuos tengan acceso a la justicia equitativa y justa. Todas estas situaciones son un tema importante de debatir en la actualidad por lo que debe a ver una constante búsqueda de soluciones.

Los derechos y garantías establecidos en la Constitución pueden sufrir violaciones lo que puede afectar la validez de los procesos judiciales dando lugar a que se soliciten las nulidades procesales. Las nulidades procesales son mecanismos para anular las violaciones ocasionadas durante los procesos y se pueda volver a la legalidad.

En la Ley Procesal Penal 143 (2021) en su título VI se regula las nulidades procesales, el artículo 58.1 dice:

Pueden ser anulados los actos procesales ejecutados vulnerando las garantías consagradas en la Constitución, en esta Ley y en los tratados internacionales en vigor para la República de Cuba y aquellos que se ejecuten con inobservancia de las formalidades previstas en esta Ley que ocasionen perjuicios a los intervinientes.

Además, en el artículo 59 y el 60 hace referencia a la nulidad absoluta y en el artículo 61 las nulidades relativas. En la nulidad absoluta puede ser declarada de oficio o solicitud de las partes, tiene un término de 10 días para formularla, en estos casos las autoridades van a dejar sin efecto el acto que sea defectuoso. La nulidad relativa se solicita a los 5 días hábiles por la parte afectada desde que se conoce el acto, si se conoce durante el juicio oral se hace verbalmente antes que termine la audiencia. Estas nulidades se basan en principios fundamentales del debido proceso y tienen como proteger los derechos de las partes involucradas.

Como el debido proceso enfrenta desafíos, es importante que la sociedad civil y los medios de comunicación desempeñen un papel crucial en la promoción y protección de los derechos fundamentales. En Cuba se pone en práctica dicha promoción y protección, para promover con fuerza la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema judicial. Algunos aspectos claves que no podemos dejar de mencionar son:

Las denuncias de las violaciones de los derechos se pueden hacer por cualquier persona que sea víctima o que haya presenciado o tenga conocimiento de esta ante las autoridades competentes. En Cuba el gobierno, organismos, instituciones y entidades ponen a disposición de la población servicios de atención al cliente que puede ser por vía telefónica, por correo electrónico, en línea y de forma presencial. En relación con el pasado la implementación de las nuevas tecnologías ha producido notables cambios, las herramientas tecnológicas sirven para optimizar la justicia y dentro de esta sus procesos.

La vigilancia y denuncia, en la sociedad civil y los medios de comunicación pueden desempeñar un papel fundamental en la vigilancia de posibles violaciones del debido proceso. Es importante que se aumente la conciencia pública y presionar por reformas legales y políticas que fortalezcan las protecciones del debido proceso.

El apoyo legal y defensa de los derechos es uno de los aspectos fundamentales que no se puede dejar de mencionar en el papel de la sociedad civil y los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil tienen el deber de brindar apoyo legal a las personas que tengan algún problema legal o la ayuda para ejercer sus derechos. En este aspecto no se puede dejar de ver la asistencia letrada a todos los ciudadanos que necesiten de ella en la preparación de los casos y la representación legal ante los tribunales lo que ayuda a garantizar que los derechos de los individuos sean protegidos durante el proceso legal.

Los medios de comunicación en Cuba desempeñan un papel crucial en brindar la información a los ciudadanos de manera imparcial y crítica sobre temas judiciales y aún más cerca del debido proceso que es el fenómeno jurídico expuesto en este trabajo. Dentro de esto se incluye investigar e informar sobre posibles violaciones de los derechos o de manera más general posibles casos de injusticia, promoviendo la protección de los derechos fundamentales y el debido proceso, así como la rendición de cuentas de las autoridades con respecto a esas violaciones.

La sociedad civil tiene un rol fundamental en la promoción de la conciencia y la educación legal, desempeñando un papel fundamental en la educación de la población acerca de sus derechos legales y procesales. En esto se incluye la información acerca de los procedimientos legales, así como educar sobre los derechos fundamentales y las garantías procesales que deben estar presente durante cualquier proceso legal.

DISCUSIÓN

El acceso a la justicia es un derecho fundamental dentro de la tutela judicial efectiva, este no es absoluto, contiene límites que son condiciones legales que son necesarias para dicho acceso como son la competencia del juez, la capacidad procesal del demandante o de su representante, la legitimidad de las partes para obrar, entre otros. Por otra parte, está claro que cualquier requisito que impida u obstaculice el acceso a dicho órgano judicial no va a constituirse límites (Landa, 2012).

La tutela judicial efectiva es un concepto fundamental en el ámbito de los derechos legales y constituye un elemento clave de un sistema jurídico justo y equitativo. Ciertamente, es una garantía de acceso a los tribunales y de un debido proceso justo para la solución de conflictos legales. La efectividad de la tutela judicial es esencial para el mantenimiento del Estado de derecho y el bienestar de la sociedad.

La imparcialidad en los tribunales es punto clave en el ejercicio de las funciones de los tribunales ya que garantizan la integridad de la Constitución como norma suprema, por lo que las personas deben ser tratados por igual y debe prevalecer la no discriminación en la función jurisdiccional. Por lo que la relación que tiene la imparcialidad con los tribunales es que está implica que su juicio esté determinado por que sus funciones se lleven a cabo de manera correcta.

La imparcialidad es la principal virtud de los jueces, es un elemento fundamental para afirmar que el procesado ha tenido un juicio justo. Para que exista en primer lugar se requiere que el juzgador no sea parte del proceso y la segunda la actitud por lo que debe dejar al margen las condiciones subjetivas (Durán & Henríquez, 2021).

Los jueces tienen que ser imparciales e independientes en la toma de decisiones y en sus actuaciones, la imparcialidad no es más que la objetividad y la neutralidad de los jueces sin que exista en ellos influencia por perjuicios, intereses personales o alguna presión externa. Los jueces en Cuba desempeñan un papel fundamental en la protección de los derechos y principios regulados en las leyes tanto internacionales como nacionales, su imparcialidad en los procesos y su toma de decisiones basadas en la ley y los hechos contribuye a la confianza en el sistema de justicia de nuestro país.

El sistema legal pose un conjunto de garantías y procedimientos aseguran que una persona no sea privada de sus derechos sin un juicio justo y adecuado. Este principio es fundamental en cualquier sistema jurídico, pero siempre existen algunas limitaciones como las siguientes:

· La privación de libertad, con ello se limitan sus derechos y el derecho a participar en su proceso judicial de forma justa.

· La aplicación de la prisión que sobrepase el tiempo legalmente establecido.

· La falta de acceso a la representación legal.

· La limitación del acceso a la información.

· La dilatación en los procesos judiciales.

Con la promulgación de la Ley del Proceso Penal del 2021 se empieza a regular de manera más precisa y argumentada las nulidades procesales, antes la actividad procesal no tenía una regulación concentrada de las nulidades lo que establecía un conjunto de nulidades generales que iban desde las faltas que daban lugar a una corrección procesal o como se podía atacar mediante medios de impugnación, hasta la existencia de supuesto que declaraban la invalidez del acto, tanto absoluta como relativa. Las nulidades pueden ser absolutas o relativas, la absoluta es toda actuación que vulnere derechos y garantías relativas al debido proceso, se interpone en cualquier estado del proceso y la relativa contiene todos los actos que se llevan a cabo desconociendo las reglas establecidas en la ley y producen perjuicios a quienes intervienen, son nulidades relativas siempre que puedan ser subsanadas, con la realización de nuevo del acto (Goite, 2022).

El pueblo y la sociedad civil en general tiene una importante fuerza dentro de las reformas legales, ya que dicha sociedad influye en la toma de decisiones políticas a nivel nacional e internacional, se concentra en transformar los intereses, las necesidades y los deseos populares (Ribeiro, 2010), así como las reformas que se puedan plantear en un país siempre de forma positiva, todos estos cambios se pueden ver a favor de los derechos de las personas para que estos no sean violados ni cohibidos, siempre buscando la forma de cumplir con ellos.

La sociedad civil y los medios de comunicación pueden centrarse en monitorear casos emblemáticos que plateen preocupaciones sobre posibles violaciones del debido proceso. A un seguimiento continuo de estos casos y difundir información precisa y detallada sobre los procedimientos legales, pueden generar conciencia pública y presión para asegurar que se respeten las garantías procesales en todos los niveles del sistema judicial.

CONCLUSIONES

El debido proceso es de crucial importancia en la protección de los derechos fundamentales y la garantía de una administración de justicia justa, imparcial y equitativa. El debido proceso como principio fundamental se encuentra en las normativas y tratados a nivel nacional como internacional por lo que es regulado por el mundo entero. El conocimiento y respeto al debido proceso se convierten en algo dominante para garantizar la justicia eficaz y equitativa.

La imparcialidad judicial, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, acceso a la justicia y protección de las garantías constitucionales son esenciales en el sistema legal cubano y representan un papel importante en la protección de los derechos de todas las personas sometidas a procesos judiciales en el país, por ser la base sobre la cual se construye la protección legal de la dignidad humana.

El debido proceso enfrenta retos en su implementación efectiva desde el ámbito constitucional como son la privación de libertad, aplicación de la prisión por el tiempo legalmente establecido, la falta de acceso a la representación legal, la limitación del acceso a la información, la limitación en la protección de los derechos de los acusados, la dilatación en los procesos judiciales, los procedimientos legales opacos y el acceso de los ciudadanos a la justicia, estos interfieren con el buen proceder de los casos y vulnera derechos fundamentales proclamados en la Constitución, por lo tanto, se debe trabajar en la búsqueda de mecanismos para fortalecer dicha implementación y la solución de los desafíos para que se logré un debido proceso legal efectivo

La sociedad civil y los medios de comunicación juegan un papel importante en la protección en la promoción y protección de los derechos fundamentales. Estos promueven y protegen un sistema legal justo y transparente donde se respetan los derechos fundamentales de las personas a través de la promoción de reformas en las leyes que por el pasar del tiempo no concuerden con la sociedad actual.

REFERENCIAS

Agudelo Ramírez, M. (2004). El debido proceso. Opinión Jurídica, 4(7). https://n9.cl/jpo4a

Ardilla Trujillo, M. (2009). La prohibición de la dilaciones injustificables en la jurisprudencia constitucional. Revista de Derecho del Estado, 67-88. https://n9.cl/14b2z

Batlle, R. R. (2022). La imparcialidad de los jueces en el proceso penal. Justicia y Derecho, 35-44.

Carrasco Durán, M. (2020). La definición constitucional del derecho a la tutela judicial efectiva. Revista de derecho público, (107), 13-40. https://n9.cl/34y6y

Constitución de la República de Cuba. (10 de abril de 2019). Cuba: Gaceta Oficial No. 5 Extraordinaria

Durán , C., & Henríquez, C. (2021). El principio de imparcialidad como fundamento de la actuación del juez y su relación con el debido proceso. Revista Científica UISRAEL. https://n9.cl/qh1lz

García Leal, L. (2003). El debido proceso y la tutela judicial efectiva. Frónesis, 10(3), 105-116. https://n9.cl/81l46

García Pino, G., & Contreras Vazquez, P. (2013). El derecho a la tutela judicial y al debido proceso en la juridisprudencia del tribunal constitucional chileno. SciElo Analytics, 4(2), 229-282. https://n9.cl/j9xd3

Goite, M. (2022). El Desafío de la Reforma Procesal Cubana: entre el garantismo y la política criminal. Revista Cubana de Derecho, 2(1), 670-700. https://n9.cl/9vntx7

Landa Arroyo, C. (2012). El derecho a un debido proceso en la jurisprudencia. Fondo Editorial de la Academia de la Magistratura. https://n9.cl/aw4a3

Lledó Yague, F., Mendoza Diaz, J., & Benitez, I. (2020). Garantías de los derechos en el nuevo panorama constitucional cubano. DYKINSON. https://n9.cl/cjxpn

Medina García, A., & Yzquierdo, C. (2022). Los fundamentos de la prisión preventiva y sus novedades en la reforma procesal cubana del 2021. Revista Cubana de Derecho, 701-738. https://n9.cl/y0qtr

Mendoza Diaz, J., & Goite Pierre, M. (2019). El debido proceso penal en el modelo constitucional cubano. SciElo Analytics, 163-186. https://n9.cl/9vntx7

Mendoza, J. (2022). La reforma procesal multidireccional cubana derivada de la Constitución de 2019. Revista Cubana de Derecho, 2(1), 11-41. https://n9.cl/4ze1r

Montero, J., Gomez, J., & Barona, S. (2013). Derecho Jurisdiccional III Proceso Penal. Valencia: Tirant lo Blanch. Obtenido de https://n9.cl/amoze

Pérez Martínez, Y. (2022). La tutela judicial de los derechos consagrados en la Constitución de la República de Cuba. Revista cubana de derecho, 2(1), 95-133.

Ribeiro Leao, R. (2010). El rol de la sociedad civil organizada para el fortalecimiento de la protección de los derechos humanos en el siglo XXI: un enfoque especial sobre los DESC. Revista IIDH, 250-2071. https://n9.cl/dpve7

Sarango, H. (2008). El debido proceso y el principio de motivación de las resoluciones/sentencias judiciales (Maestría). Universidad Andina Simón Bolivar, sede Ecuador. https://n9.cl/8qob15

Vera , I. (2021). El programa penal de ls Constitución y su interpretación en Cuba. Necesidad y Utilidad Boletín ONBC, (66), 1-20. https://n9.cl/nevkh