INTRODUCCIÓN

El estudio de la responsabilidad del Estado ecuatoriano por el incumplimiento de las políticas públicas permite reflexionar sobre la necesidad de un Estado eficiente, responsable y comprometido con los derechos y el bienestar de la población. Además, ofrece una oportunidad para revisar y fortalecer los mecanismos de control, sanción y mejora en la gestión pública, elementos esenciales para el progreso social y el desarrollo sostenible del Ecuador. Este tema resulta fundamental tanto en términos de justicia como de gobernanza y democracia (Bracho Fuenmayor, 2021; 2023).

En el marco del Estado constitucional de derechos y justicia, el Estado ecuatoriano tiene la responsabilidad de cumplir con las decisiones políticas adoptadas en sus instituciones democráticas. Si el Estado no implementa o no ejecuta las políticas públicas de manera eficiente y adecuada, está incurriendo en un incumplimiento de su deber.

El incumplimiento de las políticas públicas afecta directamente los derechos fundamentales de las personas, tales como el derecho a la salud, la educación, la vivienda, el trabajo digno y un medio ambiente saludable. Las políticas públicas son mecanismos fundamentales para garantizar la satisfacción de estas necesidades básicas, y su incumplimiento por parte del Estado puede generar vulneraciones a los derechos humanos, especialmente de los sectores más vulnerables de la población. La falta de un mecanismo jurídico para identificar al responsable directo del incumplimiento de políticas públicas impide el ejercicio efectivo de la acción extraordinaria de protección, lo que genera un vacío legal en la protección de derechos fundamentales y contribuye a la impunidad y la desprotección social.

La pluralidad de actores involucrados en la formulación y ejecución de políticas públicas en Ecuador plantea serios desafíos para determinar las responsabilidades en caso de incumplimiento, lo que puede afectar directamente los derechos de los ciudadanos. Este fenómeno se debe a la participación de diversas entidades, como el gobierno central y local, organizaciones de la sociedad civil, empresas privadas y colectivos comunitarios, en un enfoque participativo diseñado para asegurar que las políticas reflejen las necesidades de la población. Sin embargo, esta diversidad de actores complica la identificación de responsables directos en la implementación de las políticas, creando un escenario donde las responsabilidades se diluyen entre múltiples instituciones.

Es crucial que, para evitar que se vean vulnerados los derechos de los ciudadanos, se establezcan mecanismos claros de rendición de cuentas y de ejecución efectiva de las políticas, así como sistemas de protección judicial que garanticen el acceso a la justicia y la protección de los derechos constitucionales. La creación de un marco más claro y coherente en cuanto a responsabilidades permitirá que las políticas públicas se implementen de manera más efectiva y que los ciudadanos puedan defender sus derechos de forma efectiva en caso de incumplimiento.

La Secretaría Nacional de Planificación (2024) en el Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025) establece directrices que orientan la acción del Estado y guían el diseño de políticas públicas, buscando la inclusión y el consenso entre diferentes sectores sociales. No obstante, a pesar de este enfoque inclusivo, la multiplicidad de actores genera una falta de claridad sobre quién debe rendir cuentas por el incumplimiento de una política pública.

Cuando las políticas públicas no se cumplen correctamente, los derechos de los ciudadanos se ven vulnerados. En estos casos, la acción de protección prevista en el artículo 88 de la Constitución de la República del Ecuador (2008), que permite a los ciudadanos interponer una acción judicial si se vulneran sus derechos, enfrenta obstáculos significativos. La dispersión de responsabilidades entre diversos actores hace que sea difícil identificar al responsable directo, lo que complica la interposición de la acción de protección y la obtención de una solución efectiva.

La complejidad del sistema de políticas públicas en Ecuador requiere una reforma que defina con claridad las responsabilidades en la formulación y ejecución de estas políticas, establezca mecanismos transparentes de monitoreo y rendición de cuentas, y garantice un acceso más eficiente a los mecanismos de protección judicial, con el fin de proteger los derechos de los ciudadanos y asegurar el cumplimiento efectivo de las políticas públicas.

Partiendo de los elementos abordados, se propone el siguiente problema científico de la investigación: Insuficiente regulación normativa y aplicación de la responsabilidad del Estado ecuatoriano ante el incumplimiento de políticas públicas.

Se identifica como objeto de la investigación la responsabilidad del Estado frente al incumplimiento de políticas públicas. Para darle solución al problema identificado se propone como idea a defender la siguiente: La propuesta de pautas teóricas y normativas que regulen la responsabilidad del Estado ecuatoriano frente al incumplimiento de políticas públicas garantizará la seguridad jurídica y la protección de los derechos constitucionales de los ciudadanos.

Para ello se propone el siguiente objetivo: Argumentar la importancia de aplicar pautas teóricas y normativas que regulen la responsabilidad del Estado ecuatoriano frente al incumplimiento de políticas públicas que garantice la seguridad jurídica y la protección de los derechos constitucionales de los ciudadanos.

MÉTODOS

Como metodología a utilizar, en relación con el tema y objeto de investigación propuestos sobre la responsabilidad del Estado ecuatoriano por el incumplimiento de las políticas públicas, se aplicará el tipo de investigación teórica, el enfoque cualitativo y el alcance explicativo, como se explica a continuación:

La investigación es de tipo teórica porque se centra en el estudio y análisis de conceptos abstractos, teorías previas, y marcos legales existentes, con el objetivo de ampliar la comprensión de la responsabilidad del Estado ante el incumplimiento de las políticas públicas en Ecuador. La investigación se realizará partiendo de la revisión de fuentes bibliográficas.

El enfoque es cualitativo porque busca interpretar los fenómenos de manera profunda, comprendiendo no solo los hechos, sino también las causas, motivaciones e implicaciones del incumplimiento de las políticas públicas. En este caso, el objetivo es entender los diversos factores que llevan al Estado ecuatoriano a no cumplir con las políticas públicas, explorando tanto las causas estructurales, como problemas en la administración pública o la falta de recursos, o como las motivaciones subyacentes, como intereses políticos, corrupción o falta de compromiso institucional.

Este enfoque también se utilizará para interpretar los efectos y las consecuencias sociales y jurídicas del incumplimiento, entendiendo las experiencias de los ciudadanos afectados y las reacciones del sistema judicial o de control. Para este propósito se procederá a la revisión y análisis de textos teóricos sobre la ejecución de políticas públicas y la responsabilidad del Estado, Se buscará entender en profundidad las razones subyacentes del incumplimiento de las políticas públicas, mediante el análisis interpretativo de la teoría y los marcos legales, así como la identificación de las implicaciones sociales y jurídicas del problema.

El alcance es explicativo porque la investigación busca proporcionar una explicación profunda sobre las causas y efectos del incumplimiento de las políticas públicas por parte del Estado ecuatoriano. En lugar de solo describir el problema, la investigación tiene como objetivo desentrañar las causas que originan este incumplimiento, ya sean políticas, sociales, económicas o administrativas, y cómo estas afectan el cumplimiento de las políticas públicas. Además, pretende detallar las consecuencias legales que podrían derivarse, como sanciones, indemnizaciones o medidas correctivas, y los mecanismos disponibles para reparar los daños o sancionar al Estado por su inacción.

La investigación explicativa también pretende ofrecer una visión clara sobre las dinámicas que producen la ineficiencia o ineficacia del Estado en la implementación de políticas públicas, analizando si existen fallas estructurales, corrupción o falta de voluntad política, y cómo estos factores interactúan en la práctica. Para ello, se procederá al análisis de casos y estudios de políticas públicas que no se han cumplido o implementado de forma adecuada en Ecuador. Se identificarán las causas y efectos del incumplimiento de políticas públicas a través de un enfoque teórico y de interpretación.

Esta combinación de tipo, enfoque y alcance permitirá desarrollar una comprensión profunda y bien fundamentada sobre el incumplimiento de las políticas públicas en Ecuador y la responsabilidad del Estado en este contexto. Para ello se utilizan métodos de nivel teórico y empírico de la investigación.

Como métodos de investigación se aplicarán los métodos teóricos de: análisis y síntesis, abstracto-concreto, inductivo-deductivo, hermenéutico y el método empírico de análisis de contenido. Los métodos de investigación propuestos se pueden aplicar al estudio de la responsabilidad del Estado ecuatoriano por el incumplimiento de las políticas públicas de manera que cada uno permita abordar el tema desde diferentes perspectivas, complementando y enriqueciendo el análisis global.

A continuación, se explica cómo se aplicará cada uno de estos métodos en el contexto de la investigación:

Método de análisis-síntesis: Este método permitirá descomponer el fenómeno del incumplimiento de políticas públicas en sus elementos y características fundamentales y, a partir de ahí, realizar una integración de estos para entender el sistema de relaciones que configura el todo. El proceso de análisis consistiría en descomponer el incumplimiento de las políticas públicas en sus diversas causas, que podrían incluir factores administrativos, legales, económicos, políticos y sociales. Esto implicaría estudiar aspectos como la falta de recursos, la ineficiencia en la administración pública, la falta de voluntad política, o la interferencia de intereses externos. Cada una de estas causas se analizaría por separado, evaluando su impacto en el cumplimiento de las políticas públicas.

Método abstracto-concreto: Este método será útil para estudiar el fenómeno de incumplimiento de políticas públicas a diferentes niveles de generalidad. Permitirá abstraer las características universales del fenómeno y luego concretarlas en un caso específico. A partir de la observación del incumplimiento de políticas públicas en Ecuador, se podrían abstraer las propiedades universales del fenómeno, como las dinámicas de poder entre el Estado y la sociedad, las deficiencias en la legislación, o los obstáculos en la implementación de políticas públicas. Esto implicaría identificar cuáles son los aspectos fundamentales y permanentes en todos los casos de incumplimiento.

Método inductivo-deductivo: Este método permitirá alternar entre el análisis de casos específicos para generar conclusiones generales y, luego, aplicar teorías generales a casos particulares. Comenzando con el estudio del caso específico de incumplimiento de políticas públicas en Ecuador, por ejemplo, la falta de ejecución de proyectos en áreas rurales o el incumplimiento de la política de salud, se identificarían patrones o regularidades que permitirían extraer conclusiones generales sobre las causas comunes del incumplimiento. La inducción ayudaría a encontrar elementos recurrentes y a identificar problemas comunes en la administración pública o en la legislación.

Método hermenéutico: El método hermenéutico tiene como objetivo comprender los significados y las interpretaciones de los fenómenos dentro de su contexto, lo cual es crucial para el estudio de la responsabilidad estatal, ya que las políticas públicas no solo tienen un componente técnico, sino también normativo, ético y político. El estudio del incumplimiento de las políticas públicas debe ser entendido en su contexto histórico, político y social. Esto implicaría analizar cómo se percibe la responsabilidad estatal en Ecuador en relación con las expectativas de la ciudadanía y cómo las diferentes instituciones interpretan su rol y sus obligaciones en la implementación de políticas.

Como método empírico se empleará el análisis de contenido que es un método que se aplica cuando se busca estudiar los elementos subyacentes en los discursos, documentos o actos comunicativos relacionados con el incumplimiento de políticas públicas. El análisis de contenido podría aplicarse al estudio de documentos oficiales, leyes, declaraciones de funcionarios, y sentencias judiciales para comprender las causas del incumplimiento de las políticas públicas y los discursos que lo justifican o critican. Se trataría de identificar tanto lo que se dice abiertamente como los elementos no explícitos que podrían revelar intenciones, actitudes o valores subyacentes.

RESULTADOS

Las políticas públicas son el eje central sobre el cual el Estado organiza y articula sus intervenciones en diversas áreas para garantizar el bienestar de los ciudadanos. En el caso del Ecuador, la responsabilidad del Estado frente al incumplimiento de estas políticas es un tema fundamental para asegurar la justicia social y el respeto a los derechos constitucionales. Vargas (2007) refiere:

Las políticas públicas se pueden entender como un proceso que se inicia cuando un gobierno detecta la existencia de un problema que, por su importancia, merece su atención y termina con la evaluación de los resultados que han tenido las acciones emprendidas para eliminar, mitigar o variar ese problema. (p.128)

En este contexto, es necesario argumentar la importancia de establecer pautas teóricas y normativas claras que regulen la responsabilidad del Estado ecuatoriano frente a un incumplimiento, protegiendo así los derechos de los ciudadanos. Esta interacción se convierte en un mecanismo crucial para la legitimidad de las políticas y la responsabilidad del Estado ante sus incumplimientos. La ciudadanía debe poder influir en las decisiones políticas y tener la capacidad de exigir responsabilidades en caso de que estas no se cumplan.

Fundamentos y aplicación de las políticas públicas

Las políticas públicas en Ecuador, como en cualquier otro país, pasan por un ciclo complejo que incluye la identificación de problemas, la formulación de soluciones, su implementación y posterior evaluación. Este ciclo requiere de un marco normativo claro que defina la responsabilidad del Estado en cada una de las fases.

Según la Corporación Andina de Fomento (CAF, 2017), el proceso de las políticas públicas comprende las siguientes fases: "1. Identificación y definición del problema; 2. Formulación de las alternativas de solución; 3. Adopción de una alternativa; 4. Implantación de la alternativa seleccionada; 5. Evaluación de los resultados obtenidos" (p. 11). Este proceso debe ser continuo y evaluado de manera sistemática, con el fin de garantizar que los problemas que afectan a la sociedad sean abordados de manera eficaz y eficiente.

Para que una política pública sea implementada de manera efectiva, es necesario un diseño claro que especifique no solo quién debe hacer qué tareas, sino también quién es responsable de garantizar que esas tareas se realicen a tiempo. Sobre este aspecto, Leyva Y Olaya (2022) se refieren al tema de la siguiente manera:

En este sentido, el diseño de la implementación de la política pública debe indicar no solo quién debe realizar ciertas actividades, sino qué instancia es la responsable de asegurar que ello ocurra en un período de tiempo conveniente. (p. 177)

Es importante señalar que no basta con asignar responsabilidades; también es crucial que se defina un plazo razonable para la ejecución de cada tarea. Establecer un periodo conveniente implica asegurarse de que las tareas se realicen dentro de un marco temporal adecuado para que la política sea efectiva. Esto también permite realizar seguimientos y corregir cualquier problema que surja durante la implementación. La falta de claridad en los plazos puede llevar a que las tareas se demoren innecesariamente o que se pierda el impacto esperado de la política.

Las políticas públicas son más que simples decisiones gubernamentales. Son el resultado de una interacción continua y coordinada entre diversos actores sociales, donde el gobierno, aunque importante, no está aislado ni es el único responsable de la solución. El modelo circular describe una red de actores cuyo centro de atención es la sociedad y sus necesidades, en lugar del gobierno como entidad autónoma. Arias y Torres (2012) señalan: “Toda política pública es política gubernamental porque el gobierno coordina la puesta en marcha, pero no toda política gubernamental es política pública.” (p. 157)

Esto significa que la política pública debe orientarse hacia las necesidades, demandas y participación activa de la sociedad, y no solo hacia los objetivos o intereses de los gobernantes. La idea es que las políticas sean colaborativas, y el gobierno sea solo un facilitador que pone en marcha las políticas con el apoyo y la participación de otros actores.

Evaluación y rendición de cuentas en las políticas públicas

En este contexto, la ejecución de las políticas públicas es un paso esencial en este proceso, pues consiste en la puesta en práctica de la planificación elaborada, como lo señala López (2021):

La ejecución, como segundo elemento consiste en que la planificación confeccionada, sea puesta en práctica y llevada al campo de acción, donde las actividades se encontrarán distribuidas, con una implementación que puede ser de tipo vertical u horizontal y con un alcance que tiene potestad de despliegue interinstitucional, convergiendo bajo una misma política a varias instituciones del estado, que actuarán en el marco de la materia y competencias asignadas por la norma. (p. 51)

Este tipo de implementación requiere de un sistema de control y supervisión para garantizar su eficacia. Una de las formas más efectivas de asegurar que el Estado cumpla con sus responsabilidades es a través de la evaluación y la rendición de cuentas. La evaluación constante permite identificar deficiencias en la implementación de políticas públicas y tomar medidas correctivas antes de que el incumplimiento afecte gravemente a la población.

La participación ciudadana en la formulación e implementación de políticas

La participación activa de la ciudadanía en las políticas públicas es otro factor clave para garantizar que estas se implementen correctamente y que el Estado sea responsable en su cumplimiento. Según Arias y Herrera (2012) las políticas “arriba hacia abajo” no son propiamente públicas, más bien, políticas gubernamentales. Las políticas diseñadas de “abajo hacia arriba” implican la participación conjunta del gobierno y de la ciudadanía.

Las políticas públicas no deben ser un monopolio del gobierno, sino que deben ser un esfuerzo conjunto entre el gobierno y la sociedad. La participación ciudadana es esencial para garantizar que las políticas sean relevantes, efectivas y sostenibles, y que realmente aborden los problemas de la localidad. Sin esa participación, las políticas tienden a ser gubernamentales, limitadas y desconectadas de las realidades locales. Las políticas "abajo hacia arriba", en las que tanto el gobierno como la ciudadanía tienen roles activos, son clave para lograr soluciones efectivas y justas.

Marco normativo y la responsabilidad del Estado

La Constitución de la República del Ecuador (2008), específicamente en su artículo 11, numeral 9 establece que el Estado tiene como obligación principal el respeto y la garantía de los derechos humanos que están consagrados en la norma fundamental. Este principio es clave, porque implica que el Estado no solo debe proteger esos derechos de manera general, sino que tiene un compromiso activo para asegurar que sean respetados por todas las entidades y personas que actúan bajo su autoridad.

Es importante considerar que el principio de responsabilidad es un concepto legal fundamental que establece la obligación del Estado de responder por los daños que se causen como consecuencia de su actuación o de la actuación de sus servidores públicos. Este principio está relacionado con la idea de que el Estado debe garantizar el bienestar de los ciudadanos y, por tanto, asumir las consecuencias cuando se cometen errores o negligencias en la prestación de servicios públicos o en la conducta de quienes ejercen funciones públicas. En este sentido, el artículo 15 del Código Orgánico Administrativo (2017) establece:

El Estado responderá por los daños como consecuencia de la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos o las acciones u omisiones de sus servidores públicos o los sujetos de derecho privado que actúan en ejercicio de una potestad pública por delegación del Estado y sus dependientes, controlados o contratistas. El Estado hará efectiva la responsabilidad de la o el servidor público por actos u omisiones dolosos o culposos. No hay servidor público exento de responsabilidad. (p. 4)

Los servidores públicos son responsables por sus actos, ya sea de forma dolosa o culposa, y no hay excepción para nadie en cuanto a asumir esa responsabilidad. Esta disposición busca garantizar que los ciudadanos puedan obtener justicia cuando se ven afectados por una mala actuación del Estado o de sus representantes.

El marco normativo que regula la responsabilidad del Estado ecuatoriano frente al incumplimiento de políticas públicas debe basarse en un enfoque que garantice los derechos humanos y la justicia social. La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES, 2011) establece que para que las políticas públicas sean efectivas, deben formularse en "consonancia con un Enfoque Basado en Derechos Humanos" (p. 6). Este enfoque no solo garantiza que se respeten los derechos constitucionales, sino que también asegura que el Estado sea responsable cuando no cumpla con sus obligaciones.

Cuando las políticas públicas son implementadas por diferentes niveles de gobierno o diferentes administraciones, puede ser difícil determinar quién es el responsable de los resultados de esas políticas. Si no está claro quién tiene la responsabilidad directa sobre los resultados de una política pública, los ciudadanos pueden tener dificultades para evaluar el desempeño de sus líderes y, por lo tanto, no podrán exigir cuentas de manera efectiva.

Los políticos pueden aprovechar esta falta de claridad en la determinación de la responsabilidad respecto del cumplimiento de una política pública y difundir información sesgada o falsa, o para culpar a otros actores de los fracasos de las políticas, sin que los ciudadanos puedan cuestionarlo de manera efectiva.

La responsabilidad legal implica que los actores políticos deben rendir cuentas ante la ciudadanía por sus decisiones y acciones. Esta responsabilidad se debe formalizar a través de un marco legal que asegure que las autoridades políticas y las instituciones sean responsables de sus actos. Si las autoridades no cumplen con sus funciones o actúan de manera incorrecta, pueden ser sometidas a procedimientos legales o políticas de sanción (como destitución, juicio o reforma). Esta responsabilidad es esencial para mantener la confianza pública y garantizar que los gobiernos actúen en el interés de los. Rodríguez y Oviedo (2001; como se cita en Córdova 2018) plantean:

La conformación de una nueva estructura política implica que, al menos, cuatro ámbitos fundamentales se institucionalizan: una autoridad (basada en un poder otorgado a través de mecanismos de representación política); una autonomía (de disposición de recursos financieros y capacidad de decisión de inversión y gasto); unas competencias (respecto a la planificación del territorio, gestión de servicios, etc.); y la responsabilidad legal ante la ciudadanía. (pp. 63-64)

Para que una nueva estructura política sea legítima y efectiva, debe contar con una autoridad respaldada por un sistema democrático de representación, autonomía en la gestión de recursos, competencias claras para gestionar diferentes áreas de la vida pública, y una responsabilidad legal que asegure que las autoridades rindan cuentas a la ciudadanía por sus decisiones. Estos cuatro elementos permiten que un sistema político sea funcional, transparente y democrático.

Es indudable la desconexión que a veces existe entre la formulación de una política pública y su efectiva ejecución. Aunque una política esté bien diseñada y aprobada, si no se implementa correctamente y si no se garantiza su cumplimiento, no tendrá el impacto deseado. Scartascini y Stein (2010) refieren: “Una política podría estar muy bien diseñada, atravesar el proceso de aprobación sin modificaciones, y aun así ser completamente ineficaz si no está bien implementada y ejecutada”. (p. 12)

Las deficiencias en la burocracia, el sistema judicial y los incentivos políticos afectan negativamente la capacidad del Estado para poner en marcha políticas efectivas. La clave para una política pública exitosa no es solo su diseño, sino también cómo se ejecuta, y eso depende de la fortaleza institucional y los recursos disponibles para los políticos y las instituciones encargadas de implementarla.

El liderazgo es fundamental para que las políticas públicas sean efectivas. Los líderes que formulan e implementan políticas deben recordar que el éxito de una política no depende solo de su diseño o ejecución, sino de la capacidad de movilizar el apoyo y la voluntad de diversos actores hacia el objetivo común. Esto significa que un liderazgo proactivo, capaz de generar consenso y compromiso, es esencial para transformar las políticas en resultados tangibles que beneficien a la sociedad en su conjunto.

El ciclo de las políticas públicas incluye varias etapas, desde la formulación de la política hasta su implementación, evaluación y ajuste. Para que la participación ciudadana sea efectiva, debe estar presente a lo largo de todas estas fases. Esto permite que los ciudadanos influyan en las decisiones políticas de principio a fin, lo que genera compromiso, legitimidad y mayor efectividad en los resultados de las políticas. Los mecanismos de participación pueden variar dependiendo de la fase del ciclo y del contexto, pero siempre deben garantizar que las voces de los ciudadanos sean escuchadas y tomadas en cuenta.

DISCUSIÓN

En el desarrollo de esta investigación, se abordó el problema de la insuficiente regulación normativa y la aplicación de la responsabilidad del Estado ecuatoriano frente al incumplimiento de políticas públicas. El análisis se centra en identificar las principales carencias en el sistema normativo ecuatoriano, a la vez que busca argumentar cómo la propuesta de pautas teóricas y normativas puede contribuir a mejorar la responsabilidad del Estado y, con ello, garantizar la protección de los derechos constitucionales de los ciudadanos.

Se requiere un enfoque en el que las ciencias sociales jueguen un papel más cercano y colaborativo con el gobierno y la sociedad, y donde los ciudadanos son vistos como copartícipes activos en la creación de políticas. El cambio de concepción busca que las políticas no se enfoquen solo en los resultados finales, sino en un proceso de diálogo, participación y comunicación continua entre los actores involucrados, lo que permite que las políticas sean más efectivas, legítimas y ajustadas a las necesidades reales de la sociedad. (Wayne ,2007)

Para lograr políticas públicas de alta calidad, es necesario que haya una participación activa y continua de la ciudadanía en todas las etapas del ciclo de las políticas públicas. Los mecanismos de participación como comités consultivos, foros, encuestas y sistemas de atención de reclamos, entre otros, permiten que las políticas públicas no solo respondan mejor a las necesidades de la población, sino que también fomenten una mayor legitimidad y eficacia en su implementación. Esta participación activa ayuda a garantizar que las decisiones sean más inclusivas, transparentes y ajustadas a la realidad social.

Las políticas públicas y la protección de los derechos fundamentales

El marco teórico desarrollado ha permitido comprender cómo las políticas públicas, al no ser adecuadamente implementadas o evaluadas, generan consecuencias jurídicas y sociales adversas, para las cuales el ordenamiento jurídico ecuatoriano no ofrece una respuesta clara y eficaz.

El Estado ecuatoriano enfrenta serias dificultades en cuanto a la ejecución y control de las políticas públicas, lo que se traduce en la falta de mecanismos eficientes que responsabilicen al Estado ante sus incumplimientos. Esto crea un escenario de impunidad que afecta directamente los derechos de los ciudadanos, que no cuentan con un sistema normativo que les garantice una respuesta adecuada en caso de que el Estado no cumpla con sus obligaciones.

Responsabilidad del Estado

En relación con los fundamentos teóricos sobre la responsabilidad del Estado, se ha identificado una falta de consenso en la literatura jurídica ecuatoriana respecto a los mecanismos adecuados para sancionar el incumplimiento de políticas públicas. A través del análisis de la teoría sobre la responsabilidad del Estado, se destacó la necesidad de establecer criterios claros para identificar cuándo un incumplimiento por parte del Estado da lugar a responsabilidad. La propuesta teórica sostiene que la responsabilidad del Estado debe ser entendida no solo desde una perspectiva jurídica, sino también desde una dimensión social, en la cual se reconozca el impacto directo que estos incumplimientos tienen sobre los derechos de los ciudadanos.

La rendición de cuentas es esencial en la relación entre el gobierno y los ciudadanos, como lo plantea Schedler (2005, como se cita en Barragán et al., 2022): los políticos tienen la responsabilidad de rendir cuentas a la población, dado que tienen la responsabilidad de las políticas publicas y la dirección del Gobierno. La falta de rendición de cuentas ante el incumplimiento de políticas públicas puede dar lugar a un escenario de impunidad y corrupción, lo que socavaría aún más la confianza de la ciudadanía en sus autoridades.

Además, se argumentó que la responsabilidad estatal no puede limitarse a una mera compensación económica, sino que debe implicar la adopción de medidas correctivas que aseguren que los derechos de los ciudadanos sean restaurados y se prevenga la repetición de los incumplimientos. Esta visión teórica sustenta la necesidad de pautas claras y normativas que ofrezcan mecanismos de protección efectivos ante el incumplimiento de las políticas públicas.

Análisis normativo de las políticas públicas y la responsabilidad del Estado

El análisis de los marcos normativos existentes en Ecuador reveló que, aunque existen disposiciones legales que regulan la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas, estas no se encuentran articuladas de manera efectiva para hacer frente a las consecuencias del incumplimiento. En particular, se detectó una insuficiencia en las normas que vinculan directamente la responsabilidad del Estado con las fallas en la ejecución de políticas públicas. La Constitución de la República del Ecuador (2008) y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (2010), por ejemplo, no contemplan mecanismos claros para sancionar al Estado ante la no ejecución de programas que afectan los derechos fundamentales de la población.

Este vacío normativo puede ser abordado a través de la creación de una normativa que integre la responsabilidad del Estado dentro de un sistema de rendición de cuentas más amplio. Este sistema debería incluir procedimientos legales accesibles para los ciudadanos, de forma que puedan exigir el cumplimiento de los compromisos del Estado a través de los tribunales o de otras instancias de resolución de conflictos.

Propuesta de pautas teóricas y normativas

A partir del análisis teórico y normativo, se propone la creación de un marco normativo que regule de manera explícita la responsabilidad del Estado ante el incumplimiento de políticas públicas. Esta regulación debería incorporar, en primer lugar, principios fundamentales como la transparencia, la rendición de cuentas y la protección efectiva de los derechos humanos. En segundo lugar, se recomienda la creación de mecanismos de monitoreo y evaluación más robustos, que permitan medir el cumplimiento de las políticas públicas y sus impactos en la sociedad. De igual forma, se propone el establecimiento de procedimientos legales específicos para que los ciudadanos puedan interponer demandas o reclamaciones cuando el Estado no cumpla con sus obligaciones en este ámbito.

Por último, propone establecer los mecanismos jurídicos para designar al funcionario que llevará la rectoría de las políticas públicas contra quien podrán interponerse las acciones de protección por incumplimiento. Se sugiere, además, establecer pautas normativas que incluyan sanciones administrativas y, en algunos casos, jurídicas, para aquellos responsables del incumplimiento de políticas públicas.

Los resultados obtenidos a lo largo de la investigación corroboran la idea a defender de que la falta de una regulación específica sobre la responsabilidad del Estado frente al incumplimiento de políticas públicas está limitando la eficacia del sistema de protección de derechos en Ecuador. Los marcos normativos actuales, aunque adecuados en algunos aspectos, no ofrecen soluciones claras y efectivas para sancionar el incumplimiento de políticas ni para garantizar la reparación de los derechos de los afectados.

En este sentido, los resultados subrayan la necesidad urgente de desarrollar pautas teóricas y normativas que permitan establecer una responsabilidad del Estado más clara y efectiva, adaptada a las realidades sociales y políticas del país. La propuesta que se presenta no solo busca llenar este vacío normativo, sino también fomentar una cultura de mayor responsabilidad y transparencia dentro de las instituciones públicas, lo cual redundaría en una mejora de la confianza de los ciudadanos en el Estado.

Es importante tener presente que la capacitación de los líderes mejora la claridad de roles y responsabilidades, facilitando la rendición de cuentas y fomenta la participación de los usuarios. Creando un ciclo virtuoso de mayor confianza y eficacia en la gestión comunitaria y gubernamental. Lahera (2004) refiere brindar una adecuada capacitación sobre gestión a los líderes puede ayudar a precisar responsabilidades y mejorar la rendición de cuentas.

El análisis realizado en esta investigación confirma la necesidad de una reforma normativa que regule la responsabilidad del Estado ecuatoriano frente al incumplimiento de políticas públicas. La propuesta de pautas teóricas y normativas presentada busca establecer un sistema claro de rendición de cuentas, garantizando que los ciudadanos puedan exigir la protección de sus derechos fundamentales frente al incumplimiento de las políticas del Estado.

CONCLUSIONES

La investigación ha demostrado que la ausencia de un marco teórico y normativo claro sobre la responsabilidad del Estado ecuatoriano, frente al incumplimiento de políticas públicas, genera un vacío que pone en riesgo la seguridad jurídica y la protección efectiva de los derechos constitucionales de los ciudadanos. Afectando directamente a la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en el Estado de derecho.

A través de la sistematización de estos conceptos, se identificaron los principales mecanismos de protección jurídica que deberían implementarse para garantizar que el Estado cumpla con las políticas públicas de manera efectiva. Estos mecanismos deben ser establecidos de manera normativa para que, en caso de incumplimiento, los ciudadanos puedan ejercer acciones legales.

No hay un sistema integrado que regule específicamente la responsabilidad del Estado frente al incumplimiento de políticas públicas. El análisis realizado muestra la necesidad de crear leyes y regulaciones más específicas que no solo detallen las responsabilidades del Estado, sino que también brinden un proceso claro de evaluación, control y sanción frente a los incumplimientos de las políticas públicas.

La creación de pautas teóricas y normativas que regulen de manera específica la responsabilidad del Estado ecuatoriano frente al incumplimiento de políticas públicas es esencial para garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos. Además, es imprescindible que se incorporen mecanismos eficaces de rendición de cuentas, con un sistema judicial autónomo que supervise el cumplimiento de estas pautas.

La implementación de las pautas propuestas contribuirá de manera significativa a la seguridad jurídica en Ecuador. Al establecer una normativa clara sobre la responsabilidad del Estado, se fortalecerá el respeto por los derechos constitucionales de los ciudadanos, pues se garantizará que cualquier incumplimiento estatal pueda ser objetado y reparado de manera adecuada. Esto permitirá que los ciudadanos se sientan protegidos frente a la ineficacia o negligencia estatal, lo que contribuirá a la confianza en las instituciones del Estado y a la estabilidad del sistema democrático.

Se recomienda un proceso participativo que involucre a expertos en derecho constitucional, a actores sociales y a la ciudadanía en general en la elaboración de las normativas. Además, debe considerarse un mecanismo de seguimiento y evaluación constante que asegure que las políticas públicas se ejecuten de acuerdo a las pautas establecidas, con una efectiva sanción a la omisión o incumplimiento del Estado.

La investigación confirma que la creación de pautas teóricas y normativas claras sobre la responsabilidad del Estado frente al incumplimiento de políticas públicas no solo es necesaria, sino urgente para garantizar la seguridad jurídica y la protección efectiva de los derechos constitucionales en Ecuador.

AGRADECIMIENTOS

A la Dra Grisel Galiano Maritan PhD. por su acertada dirección del proceso investigativo de este trabajos para la obtención del título de Magíster en Derecho Constitucional en la Universidad ECOTEC.

REFERENCIAS

Arias Torres, D., y Herrera Torres, H. A. (2012). Entre políticas gubernamentales y políticas públicas. Análisis del ciclo de políticas de desarrollo del gobierno del Estado de Michoacán, México 2003.2010. Instituto Nacional de Admistración Pública A.C. https://n9.cl/0rx6b

Bracho Fuenmayor, P. L. (2021). Justicia desde la óptica de John Rawls y Robert Nozick. Una perspectiva comparada. Revista Cuestiones Políticas, 39(70), 44-65. https://doi.org/10.46398/cuestpol.3970.02

Bracho Fuenmayor, P. L. (2023). La justicia desde la Perspectiva Liberal de Rawls y Nussbaum. Revista Cuestiones Políticas, 41(76), 808-828. https://doi.org/10.46398/cuestpol.4176.48

Código Organico Adminstrativo. (2017, 7 de julio). Asamblea Nacional, Segundo Suplemento del Registro Oficial N° 31. Quito: https://goo.su/4jzYPr3.

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. (2010, 22 de octubre). Asamblea Nacional, Segundo Suplemento del Registro Oficial N° 306. https://lc.cx/VIh2kp.

Constitución de la República del Ecuador. (2008, 20 de octubre). Asamblea Constituyente. Registro Oficial N° 449. https://goo.su/ZRUFE.

Córdova Montúfar, M. (2018). Gobernanza y políticas públicas. La seguridad ciudadana en Bogotá y Quito. Editorial Universidad del Rosario, FLACSO Ecuador. https://n9.cl/bkphg

Coroporación Andina de Fomento. (2017). 12 notas de concepto para entender mejor al Estado, las políticas públicas y su gestión. Corporación Andina de Fomento.

Lahera Parada, E. (2004). Política y Políticas Públicas. División de Desarrollo Social, 1-32. https://n9.cl/onndc0

León Alfonso, S., y Ferrín Pereira, M. (2007). La atribución de responsabilidades sobre las políticas públicas en un sistema de gobierno multinivel. Administración & Ciudadanía, 2(1), 49-75. https://n9.cl/gmqv8

Leyva, S., y Olaya, A. (2022). Modelo para el análisis y diseño de políticas públicas (MADPP). (C. S. Giraldo, Ed.) EAFIT. https://n9.cl/z563y

López Moya, D. F. (2021). Las políticas públicas como garantía de los derechos fundamentales. Revista Sociedad & Tecnología, 4(S1), 44-60. https://doi.org/10.51247/st.v4iS1.113

Scartascini, C., Pablo, S., Stein, E., y Tommasi, M. (2010). El juego político en América Latina: ¿Cómo se deciden las políticas públicas? Banco Interamericano de Desarrollo. https://doi.org/10.18235/0012478

Secretaría Nacional de Planificación. (2024). Plan Nacional de Desarrollo - Plan de Desarrollo para el Nuevo Ecuador 2024 - 2025.

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES. (2011). Guía para la formulación de políticas públicas sectoriales. SENPLADES. https://n9.cl/lsy8

Vargas Arébalo, C. (2007). Análisis de las políticas públicas. Perspectivas(19), 127-136. https://n9.cl/kpseq

Wayne, P. (2007). Políticas públicas: una intoudcción a la teoría y a la práctica del análisis de políticas públicas. FLACSO, Sede Académica de México. https://n9.cl/8qra4o